Rúbrica
La reforma ilegal
Por Aurelio Contreras Moreno
Es tanta la obsesión y la prisa del régimen de la mal llamada “cuarta
transformación” por desmantelar el sistema electoral del país para convertirlo en
un muñeco de trapo inservible, que verdaderamente no le importa el cúmulo de
ilegalidades en las que incurre con su remedo de reforma electoral.
Plagado de inconstitucionalidades, el llamado “plan B” lanzado luego del palo dado
a la reforma constitucional –que era todavía más lesiva- es un bodrio que haría
inoperante al Instituto Nacional Electoral (INE), pues no solo le quita recursos
presupuestales sin ton ni son, sino que desmantela su esqueleto: el Servicio
Profesional Electoral.
La iniciativa elimina al 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral en los 300
distritos electorales, afectando totalmente la capacidad de operación del INE
durante los procesos de elección popular.
Los integrantes del Servicio Profesional Electoral son los que sacan adelante los
procesos en cada una de sus etapas, ya que se encargan de todos los actos
preparatorios y de los que configuran el procedimiento que culmina con las
jornadas electorales. Es básicamente lo que le da certeza y hace funcionar la
maquinaria de las elecciones.
La iniciativa lopezobradorista, con el pretexto de que es “cara”, pretende sustituir
una labor para la cual es necesario especializarse durante años, con órganos
temporales y personal eventual, destruyendo la profesionalización del trabajo
electoral para imponer en su lugar la improvisación y, muy seguramente, la
“mapachería”, con eso de que Morena se parece tanto al más rancio y viejo PRI.
El dictamen que este martes pasará al Pleno del Senado –que de por sí tuvo que
corregir varias barrabasadas aprobadas por los diputados levantadedos de la “4t”,
que ni supieron las estupideces que votaron a favor- está lleno de enmiendas
inconstitucionales que lo harían susceptible de ser derribado en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
Por ejemplo, la limitación a la potestad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) para imponer sanciones y cancelar candidaturas a
infractores de la Constitución y de la legislación electoral, con lo cual el régimen
morenista busca que queden impunes las innumerables violaciones a la ley en que
han incurrido sus aspirantes presidenciales con sus cínicos actos anticipados de
campaña. Carece por completo de base constitucional, pero se mantuvo en el
dictamen.
Otro botón de muestra de cómo el morenato busca pasar por encima del texto
constitucional que no pudo modificar porque la ciudadanía no le dio los votos
suficientes para ello, es la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que
viola el artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental y las
obligaciones de los servidores públicos en materia de imparcialidad en la
contienda electoral y de uso de la propaganda gubernamental, ya que es una
derivación del “decreto interpretativo” con el que los diputados morenistas
pretendieron que los funcionarios públicos hicieran campaña abiertamente y que
no se considerara como propaganda porque ellos así lo “interpretaron”. Absurdo
–inventado por el entonces presidente de la Cámara, el morenista Sergio Gutiérrez
Luna- que fue invalidado por la SCJN.
Y como esos dos ejemplos, hay bloques completos de inconstitucionalidades
–como los llamó el senador Ricardo Monreal- en una iniciativa de reforma hecha
verdaderamente con las patas en la Secretaría de Gobernación, que sin embargo
no fue modificada en lo sustancial y más pernicioso y así será votada.
Si la reforma es aprobada en el Senado con las mínimas modificaciones que le
hicieron, implicará que sea regresada a la Cámara de Diputados, donde ya se
sabe que no leen lo que aprueban, solo siguen órdenes.
La única posibilidad de que el “plan B” no pase es que tras ser exhibidos y
ninguneados, y sus propuestas –ilegales también- para tener vida eterna
eliminadas, los legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde no voten a
favor, lo que acabaría con la mayoría simple de Morena. Difícil, pero posible. En
comisiones del Senado un legislador del Verde ya se abstuvo de votar el
dictamen.
La otra vía para detener el feroz ataque del morenato contra la democracia
debería ser la Corte, pues así como está, la reforma es constitucionalmente
insostenible. Pero el máximo tribunal del país está “colonizado” por ministros
“cuatroté” que ya han sucumbido a los dictados de quien cada que puede les
recuerda quién los puso ahí. Nada asegura que “tumben” la reforma, así las
violaciones a la Carta Magna sean gigantescas.
Las expectativas no son halagüeñas, pues todo el poder del Estado mexicano está
concentrado en imponer ese retroceso al derecho a elegir con libertad en México.
El lopezobradorismo no tiene respeto alguno por la mínima normalidad
democrática ni legal cuando no le convienen y su bodrio electoral es la mejor
prueba de ello.
Pero que nadie se diga sorprendido. Siempre han sido así. Al fin priistas, solo que
con otro disfraz.
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